Diversos sectores del ámbito portuario, gremial y político solicitaron al Gobierno Nacional frenar el proceso licitatorio actual. Argumentan falta de transparencia y la necesidad de un debate más profundo sobre el control de la vía navegable troncal.
La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la autopista fluvial más importante de la región por donde circula el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, vuelve a estar en el ojo de la tormenta. En las últimas horas, un frente compuesto por legisladores, cámaras empresariales y sindicatos del sector elevaron un pedido formal para suspender el llamado a licitación en curso.
El reclamo principal se centra en la necesidad de rediscutir los pliegos de bases y condiciones. Según los peticionantes, el esquema actual no garantiza una participación equitativa de empresas nacionales y carece de mecanismos de control ambiental y de seguridad lo suficientemente rigurosos para una infraestructura de tal magnitud.
El pedido de suspensión se fundamenta en tres puntos críticos:
1-Transparencia: Sectores de la oposición y organizaciones civiles denuncian que los pliegos actuales podrían favorecer a determinados grupos internacionales, limitando la competencia real.
2-Soberanía y Control: Existe una fuerte demanda para que el Estado mantenga un rol preponderante en la administración y el cobro del peaje, en lugar de delegar la gestión total a manos privadas sin una auditoría constante.
3-Costos Logísticos: Las cámaras exportadoras temen que un diseño de licitación deficiente termine encareciendo las tarifas de peaje, lo que impactaría directamente en la competitividad de los granos argentinos en el mercado mundial.
Desde el Poder Ejecutivo, si bien han manifestado la intención de avanzar con rapidez para «modernizar» la vía navegable, el ruido político y judicial podría obligar a una prórroga de los plazos. «No se puede licitar a las apuradas una obra que definirá la logística del país por los próximos 20 años», señalaron fuentes gremiales vinculadas a la navegación.
Por el momento, el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables no han confirmado si darán lugar al pedido de suspensión o si mantendrán el cronograma original. Mientras tanto, la tensión crece en las provincias costeras, que exigen una mayor participación en las decisiones que afectan directamente a sus economías regionales.
